El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha pedido al Gobierno elevar del 3 al 6% la reserva de viviendas accesibles a favor de personas con discapacidad, a fin de dar respuesta a la demanda creciente de viviendas por parte de este sector de población.

Para conseguir este objetivo, el Cermi propone modificar la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos para que en los proyectos de viviendas de protección oficial y de viviendas de promoción pública, se reserve un mínimo del 6% de viviendas accesibles con destino a personas con discapacidad. Este porcentaje operaría como mínimo legal para todo el Estado, pudiendo ser elevado por las Comunidades Autónomas.

El cambio legal debe precisar qué se entiende por vivienda accesible, que a juicio de Cermi es aquélla que con arreglo a la normativa sectorial sobre accesibilidad que resulte de aplicación puede ser habitada por las personas con discapacidad en condiciones de normalidad, usabilidad, seguridad y comodidad.

Asimismo, el Cermi propone ampliar la reserva actual, pensada sólo para personas individuales, para que abarque también a asociaciones o fundaciones integradas en el sector no lucrativo de la discapacidad.

Se extendería así la reserva a personas jurídicas siempre que éstas destinen las viviendas a usos sociales de promoción de la vida autónoma como viviendas tuteladas, viviendas compartidas, viviendas de apoyo o proyectos de vida independiente de personas con discapacidad.