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La discapacidad se ha situado por primera vez en el
ámbito de los derechos humanos, gracias a la entrada en vigor de la
Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Esta es una de las principales conclusiones a las que se llegó en la
jornada organizada hoy en Madrid por la Fundación ONCE bajo el título "La
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: análisis
del impacto en el ordenamiento jurídico español".
La mesa inaugural contó con la presencia del director general de la
Fundación ONCE, Luis Crespo; la directora del Cermi, Pilar Villarino; la
abogada especialista en discapacidad del Consejo General de la Abogacía
Española Josefa García Lorente; el director del Instituto Bartolomé de las
Casas, de la Universidad Carlos III de Madrid, Rafael de Asís, y el
director de Relaciones Sociales e Internacionales y Planes Estratégicos de
la Fundación ONCE, Miguel Ángel Cabra de Luna.
Luis Crespo afirmó que "la mejora de la calidad de vida de las personas
con discapacidad sólo es posible con la existencia de un régimen jurídico
que vele por la aplicación de una legislación que defienda sus derechos".
En este sentido, añadió que, a su juicio, "cualquier actuación legislativa
tendrá que partir de la situación real en la que se encuentran las
personas con discapacidad en España y, además, es fundamental que la
sociedad conozca e interiorice el alcance de estas modificaciones
legislativas".
Pilar Villarino aseguró que esta Convención "servirá para paliar la
situación de desigualdad en la que se encuentran las personas con
discapacidad", y añadió que desde el Cermi "realizaremos una labor de
exigencia para lograr su ajuste al ordenamiento jurídico español".
NORMA JURÍDICA VINCULANTE
Por su parte, Josefa García Lorente afirmó que desde el Consejo General de
la Abogacía "no vemos la situación del colectivo de las personas con
discapacidad como algo que haya que solucionar con una limosna, sino como
un derecho que debemos reivindicar en todo momento".
A continuación intervino Rafael de Asís, quien insistió en que las
consecuencias de la aprobación de la Convención se centran en que, a
partir de ahora, "se da el paso jurídico para que el tratamiento de la
discapacidad se haga desde un enfoque de derechos humanos, y además,
tenemos una norma jurídica vinculante".
De Asís puntualizó que la entrada en vigor de la Convención implica "una
revisión de todo el ordenamiento jurídico español". Además, a su juicio,
"sus principios deben ser un instrumento que impregne la educación y, por
tanto, la enseñanza tanto de los menores como de los universitarios",
razón por la que es necesario "formar a los profesores para que sean
capaces de transmitir el nuevo enfoque de la discapacidad".
Seguidamente se celebró una mesa redonda titulada "la Convención como
nueva herramienta jurídica", en la que intervino el fiscal del Tribunal
Supremo Carlos Ganzenmuller, quien lamentó que en España no exista ninguna
fiscalía específica dedicada a las personas con discpacidad.
Para Ganzenmuller, la Convención "es una autopista nueva llena de
oportunidades, pero es preciso crear redes de carreteras secundarias que
nos permitan llegar desde la autopista a cada persona con discapacidad, a
sus familias y a las organizaciones que amparan sus derechos".
Por último, el asesor jurídico del Cermi Óscar Moral incidió en la
necesidad de que las personas con discapacidad hagan "un esfuerzo para
estudiar la Convención, leerla y comprenderla, porque abre un abanico de
posibilidades en numerosos aspectos de la vida", que los propios
interesados deben conocer. |